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Las CCAA ganan poder para frenar la apertura de grandes superficies
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La reforma de la Ley de Defensa de la Competencia supondrá un importante cambio en la regulación del comercio. Los grupos parlamentarios han pactado que la futura Comisión Nacional de Competencia –que integra al actual Servicio y al Tribunal– sólo deba realizar un informe previo a la apertura de un hipermercado cuando su mercado potencial sea “supraautonómico” o pueda afectar al conjunto del mercado nacional. Este cambio en la ley eximirá del control del órgano de Competencia a la mayoría de los nuevos centros comerciales, ya que sólo los establecimientos de determinadas marcas tienen probada una influencia superior a un radio de 50 kilómetros.
17/04/2007

10/04/2007 | Expansion/ Ricardo T. Lucas/
Bajo el foco del supervisor del mercado sí quedarán aquellos hipermercados instalados en las cercanías de los límites geográficos de una comunidad autónoma. Ya existen, en la actualidad, algunos casos de centros comerciales que, pese a estar instalados en una región, en realidad gran parte de su facturación procede de otra región limítrofe.
Pero, por otra parte, este cambio normativo aumenta la discreccionalidad de los Ejecutivos regionales sobre el comercio, ya que el Tribunal nacional dejará de actuar de oficio y serán las comunidades autónomas quienes deban solicitar el informe previo.
Para los establecimientos que sólo afecten al mercado regional, serán los órganos autonómicos de Competencia –en las regiones que los hayan creado– las que deban resolver.
Pero también se abre la puerta a que algunas regiones opten por evitar este trámite y arroguen la decisión sobre la conveniencia de autorizar o no la construcción de un nuevo hipermercado, obviando los criterios económicos. Comunidades autónomas como Asturias, Aragón, Cantabria, Cataluña o La Rioja han fijado en el último año limites de nuevas aperturas por cada tipo de formatos. Mediante decretos, han establecido el número máximo de hipermercados, supermercados y medianas superficies en cada una de las comarcas y municipios de sus respectivos territorios.
Las empresas comerciales temen ahora que este cambio legal se convierta en un nueva razón de los Gobiernos regionales para paralizar los proyectos de inversión de los grandes grupos de distribución, que mantienen en suspenso la apertura de cerca de doce grandes superficies, que supondrían una inversión superior a los 3.000 millones de euros.

Uniformidad
Los partidos políticos explican esta nueva redacción de la norma porque la mayoría de los proyectos sin incidencia en más de una región eran autorizados de forma generalizada y porque generará una mayor uniformidad en las decisiones de los organismos regionales.
El sector había trasladado su inquietud a los grupos políticos por el hecho de que no existiese un criterio claro entre las comunidades autónomas a la hora de reclamar o no la intervención de Competencia en el proceso de autorización de una gran superficie. Durante el año pasado, el Tribunal de Defensa de la Competencia resolvió 16 expedientes positivos de autorización de grandes superficies.






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